El pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó un Real Decreto ley con medidas urgentes para el sector de la vivienda y el alquiler, con el fin de paliar la difícil situación que se da en el mercado, sobre todo, en las grandes ciudades.

Este real decreto modifica cinco leyes: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, el texto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En Vilsa Grupo Inmobiliario hacemos un repaso de las principales modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que no te pille por sorpresa. Si estás pensando en alquilar una casa, te ayudamos con los trámites.

Se amplía la duración de los contratos de alquiler de 3 a 5 años

La principal novedad es que se amplía de 3 a 5 años el plazo mínimo legal en el que un inquilino puede permanecer en la vivienda. Si el arrendador es una persona jurídica se ampliará hasta 7 años.

Sin embargo, los contratos no tienen carácter retroactivo y afecta a los contratos que han entrado en vigor a partir de la puesta en marcha del Real Decreto.

También, se aumenta el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Se trata del plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

Plazos de fianza más favorables

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto, los propietarios de la vivienda podían exigirle al inquilino la fianza que considerasen necesaria. Desde la entrada en vigor, se limitan las garantías adicionales hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración.

Gastos de gestión

Si el arrendador es una persona jurídica (una sociedad o empresa), tiene que asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Hasta la entrada en vigor del Real Decreto, los inquilinos debían pagar una mensualidad a la agencia inmobiliaria.

Obras de mejora

Se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para mejorar o renovar la vivienda durante el tiempo que dure el arrendamiento.

Exención de ciertos impuestos

En los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Además, se elimina la obligación de repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al inquilino en el alquiler social de vivienda.

Desahucios

A partir de ahora, el juez será quien deba notificar a los servicios sociales la situación de vulnerabilidad de la familia afectada. El proceso de desahucio se paralizará un mes o dos si el arrendador es una persona jurídica, hasta que los servicios sociales encuentren una solución.

Regulación del alquiler turístico

Para el auge del alquiler turístico en las grandes ciudades se han impulsado medidas como que las tres quintas partes de los propietarios de una comunidad de vecinos puedan adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de una vivienda.

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